Dominicanos de ascendencia haitiana, víctimas de racismo institucional
“Esto se considera como una nueva forma de racismo institucional, que es una continuidad del racismo de Estado antihaitiano de larga data que han sostenido las élites dominicanas en la consolidación de un proyecto nacional eurocéntrico, blanco e hispanófilo”. Así lo asegura la antropóloga social dominicana Rosa Ynés Curiel Pichardo (conocida como Ochy Curiel), doctora […]

“Esto se considera como una nueva forma de racismo institucional, que es una continuidad del racismo de Estado antihaitiano de larga data que han sostenido las élites dominicanas en la consolidación de un proyecto nacional eurocéntrico, blanco e hispanófilo”.

Así lo asegura la antropóloga social dominicana Rosa Ynés Curiel Pichardo (conocida como Ochy Curiel), doctora en Antropología de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), quien muestra cómo con esta sentencia se provocó un golpe de Estado con tal de mantener el racismo antihaitiano, negándoles la nacionalidad a miles de dominicanos racializados como negros y por su conexión con Haití, por el origen de sus padres y madres.

En su investigación examina las circunstancias políticas, sociales y económicas que dieron lugar a la promulgación de la Sentencia y explora las continuidades del racismo, resultado de procesos de colonización entre españoles y franceses que originaron dos Estados nacionales: Haití y República Dominicana.

La autora realizó entrevistas y diálogos complejos, observación participante, análisis de discurso de las leyes desde 2004 –en especial de la Sentencia–, de la literatura y de los medios de comunicación, encargados de crear opinión pública, en los que se evidenció la responsabilidad de las élites del poder en motivar y defender la Sentencia y la poca defensa de las personas afectadas.

“Mi interés, además de aportar a nuestra lucha antirracista, era dar a conocer esta situación fuera del país, pues sentía que podía contribuir a visibilizar más las historias del Caribe, incluso dentro de la academia, y con ello motivar a la solidaridad internacional, urgente y necesaria, frente a estos desgarradores hechos”, señala la investigadora Curiel.

Más de dos siglos de segregación

Para la autora de la tesis, la emisión de la Sentencia 168-13 se debe entender desde los procesos de colonización, siendo la Isla de Haití o Babeque –como le llamaron sus primeros pobladores– y que luego Colón llamó La Española, el primer experimento de colonización que luego se extendió al resto de las Américas.

En ese proceso, españoles y franceses se dividieron la Isla en dos, la parte oriental dominada por españoles (hoy República Dominicana) y la parte occidental (hoy Haití), dominada por franceses.

Luego de la revolución haitiana (1791-1804), que terminó con la esclavitud y el régimen colonial, y que hizo surgir a Haití como Estado nacional, los gobernantes haitianos ocuparon la parte oriental durante 22 años (1822-1844) con el propósito de acabar con la esclavitud también de ese lado de la Isla.

Fue en ese momento cuando surgió la República Dominicana como Estado nacional, especialmente porque las élites criollas se negaban a ser gobernadas por exesclavos haitianos, es decir, fue una independencia frente a Haití y no frente a España, que había colonizado durante varios siglos.

Eso fue decisivo en la definición de la identidad nacional dominicana, que siempre en contraposición a Haití, y aspirando a una identidad hispanófila, católica y eurocéntrica, va conformando un racismo antihaitiano.

Entrando al siglo XX, la industria azucarera en República Dominicana –un producto importante en el Caribe– comenzó a reclutar mano de obra haitiana para trabajar la caña, que fue ubicada en los “bateyes”, con condiciones inhumanas, de esclavitud y sin salubridad. Sin embargo, mucha de la población haitiana migrante y trabajadora hizo familia en República Dominicana, creando descendencia dominicana.

Como señalaba la Constitución, cuando estos niños nacieron tenían derecho a la nacionalidad dominicana (por Ius solis, derecho del suelo); de hecho, luego tuvieron cédula de identidad y algunos hasta pasaportes. Pero a partir de 2004 comenzaron a negarles estos documentos con el argumento de que no eran dominicanos, pues supuestamente sus padres o madres estaban en condición de tránsito.

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